Durante las últimas dos décadas, Paraguay ha desarrollado una estructura más sólida para abordar la trata de personas y la cooperación internacional ha sido clave en este proceso. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que impulsó desde sus inicios el fortalecimiento institucional y la articulación con organizaciones de la sociedad civil, ha sido uno de los principales actores de esta política, que ha incluido la creación de unidades especializadas, la producción de información para orientar políticas públicas, el diseño de protocolos y la apertura de espacios de atención para víctimas.

COOPERACIÓN CONTRA LA TRATA EN PARAGUAY

Gracias al trabajo articulado entre instituciones públicas, sociedad civil y cooperación internacional, hoy Paraguay cuenta con una base normativa y operativa más robusta: una ley integral, un Plan Nacional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, protocolos interinstitucionales, campañas de prevención sostenidas y servicios especializados para víctimas. Actualmente, se está elaborando un nuevo plan nacional, que incorpore aprendizajes recientes, desafíos emergentes y estrategias de prevención adaptadas a nuevas formas de captación.

La AECID continúa apoyando al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección, especialmente en su capacidad de respuesta ante casos de trata que afectan a niñas, niños y adolescentes. Desde 2021, se han financiado intervenciones destinadas a mejorar los dispositivos de atención especializada, la coordinación territorial y los servicios de protección integral en zonas clave del país. Esta línea de trabajo se mantiene vigente a través de una intervención aprobada en 2023, que refuerza la atención psicosocial a víctimas y la producción de materiales de sensibilización y prevención.

La Cooperación Española acompañó este recorrido con enfoque flexible, promoviendo soluciones adaptadas al contexto y los ritmos del país. El resultado es una política pública en construcción, que enfrenta desafíos persistentes —como la atención a nuevas formas de trata o la territorialización de las acciones—, pero que dispone de herramientas y aprendizajes para adaptarse a los mismos.

NUEVA UNIDAD Y ALBERGUE ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN A LAS VICTIMAS

Uno de los avances más significativos fue la instalación de una unidad especializada, que permitió diferenciar el abordaje del delito con personal capacitado y herramientas adecuadas. La dotación de equipos, la formación técnica y el acceso a experiencias internacionales fueron parte de este proceso. Gracias a intercambios clave con entidades especializadas de España que contribuyeron a profesionalizar la atención a víctimas con enfoque integral.

También se acompañó la instalación del primer albergue especializado para niñas víctimas de trata, un espacio mejoró los procesos de atención e incluyó líneas de seguimiento a la partida, con manuales y protocolos actualizados. La experiencia sirvió además para sensibilizar al sistema de justicia sobre la importancia de una atención diferenciada en contextos de violencia extrema.

LUCHA CONTRA LA TRATA: UNA LABOR DE TODOS

El trabajo con organizaciones de la sociedad civil fue otra línea prioritaria. La AECID apoya proyectos que contribuyen a visibilizar la trata interna, impulsar reformas normativas, desarrollar acciones de prevención comunitaria y acompañar directamente a víctimas. Actualmente, se prevé una nueva línea de trabajo orientada a fortalecer las capacidades locales y ampliar el alcance territorial de las acciones de prevención en las municipalidades afectadas por la ruta bioceánica del Chaco Paraguayo.

La sistematización de prácticas y la investigación permitió una mayor evidencia para orientar decisiones. Un estudio reciente, elaborado con datos del Ministerio Público y asistencia técnica del Centro de Estudios Judiciales, analizó 541 causas penales abiertas entre 2014 y 2024. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que el 91% de las víctimas identificadas son mujeres, la mayoría adolescentes de entre 13 y 17 años. El modo de captación predominante fue la promesa de empleo falso, especialmente en sectores como el servicio doméstico y la venta informal. En un 57% de los casos, los tratantes eran personas del entorno cercano de las víctimas.

El informe también documenta un aumento sostenido de denuncias, rescates y condenas en la última década. La Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, formada por más de 15 instituciones del Estado paraguayo es el principal espacio de articulación intersectorial, incluyendo actores públicos, de la cooperación y de la sociedad civil.